Arrancan audiencias públicas

Actualidad 08 de mayo de 2022 Por Redacción
El Gobierno nacional llevará adelante a partir del martes tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio.
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De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó el viernes pasado, en Salta, que la energía es "un costo muy importante en la producción: si se acelera el desarrollo energético bajan los costos de la producción, si bajan los costos de la producción nuestra industria se vuelve más competitiva y tiene más capacidad de generar empleo con menos demanda de divisas".

En la primera de las audiencias públicas convocada para el martes -a partir de las 10-, que se llevará a cabo a través de la Plataforma Webex, se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El miércoles, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).

En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.

Por ello, el Gobierno propone abordar los subsidios mediante la segmentación por capacidad de pago, reducirlos significativamente en los sectores de más altos ingresos para resolver en simultáneo "el sesgo pro rico y las ineficiencias derivadas tanto en el consumo residencial de esos sectores como las ineficiencias del gasto público".

En cuanto a las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias, buscan impulsar un esquema dirigido a "proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago", e incentivando a su vez la "adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental".

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una "corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos", representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración Cambiemos.

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

De esta manera, el esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los ​usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior.

En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, el informe analizó que el decil superior recibió en 2021 un subsidio promedio en electricidad de $49.452, y en gas natural de $ 23.312, por lo cual con un ingreso por hogar promedio de $3.258.861 al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto de 1,5% y 0,72%, respectivamente.

A estas cifras, la cartera energética llegó mediante la evaluación de alternativas para la asignación de subsidios basadas en aspectos socioeconómicos como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y la urbanización.

Así, en el segmento de menor nivel de subsidios la definición se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago o estar en el registro de urbanizaciones cerradas.

En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.

En el caso del segmento de mayor nivel de subsidios, la inclusión se podría definir por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o entre los criterios socioeconómicos ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia o monotributistas que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

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